El estado de Washington ha pagado más de 4.4 millones de dólares en indemnizaciones a antiguos residentes de Green Hill School , un centro de detención juvenil de máxima seguridad en Chehalis, tras las acusaciones de abuso sexual por parte del personal. Estas indemnizaciones, que abarcan las reclamaciones de 23 residentes actuales o antiguos, revelan un preocupante patrón de mala conducta que se remonta a la década de 1970.
Los casos más recientes involucran a las integrantes del personal Angel M. Misner y Emily N. Baker, quienes fueron acusadas de mantener relaciones sexuales inapropiadas con un recluso de 21 años, Robbrie Thompson. Misner, de 32 años, ha sido acusada de conducta sexual inapropiada durante la detención, mientras que Baker, de 29 años, enfrenta cargos de manipulación de testigos y abuso de autoridad.
Según los investigadores, las imágenes de video internas muestran a Misner besando a Thompson, y las grabaciones telefónicas revelan que Misner admitió haber tenido relaciones sexuales con la reclusa. Baker, quien fue arrestado más tarde, supuestamente conspiró con Misner para obstruir la investigación. La policía también encontró fotos comprometedoras de ambas mujeres en el teléfono de Thompson, lo que respalda aún más las acusaciones.
Estas recientes detenciones no son incidentes aislados. Los registros públicos muestran que la escuela Green Hill ha sido objeto de numerosas denuncias de abuso sexual durante varias décadas. En un caso de 1991, Sam Hawkins, un antiguo residente, alegó que una agente de seguridad llamada Janae abusó sexualmente de él cuando era un menor infractor. Hawkins recibió una indemnización de 325,000 dólares en 2021.
También hay evidencia de que los miembros del personal de Green Hill que fueron acusados de conducta sexual inapropiada a menudo renunciaron en lugar de enfrentarse a un despido o un proceso penal. Algunos, como Erin Stiebritz Snodgrass, incluso se casaron con ex reclusas con las que tuvieron relaciones mientras trabajaban en la instalación. Stiebritz Snodgrass fue condenada por un delito sexual en 2016 después de quedar embarazada del hijo de una residente.
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF), que supervisa la escuela Green Hill, se está preparando para un aumento de demandas tras la implementación de la HB 1618, una nueva ley que elimina el plazo de prescripción para las denuncias de abuso sexual infantil. Aunque los acuerdos recientes son anteriores a la promulgación de la ley, el DCYF prevé más desafíos legales a medida que los antiguos residentes presenten denuncias de abuso que abarcan décadas.
En respuesta a estas acusaciones, el DCYF ha declarado que mantiene una política de “tolerancia cero” ante el abuso sexual y alienta a los residentes a denunciar cualquier conducta indebida. Sin embargo, los críticos sostienen que los esfuerzos de la agencia para abordar el abuso han sido insuficientes. También existe la preocupación de que los residentes que denuncian el abuso a menudo son transferidos a centros penitenciarios para adultos, donde enfrentan oportunidades de rehabilitación limitadas y mayores desafíos.
Si usted o un ser querido ha sufrido abusos en un centro de detención juvenil, es fundamental buscar asesoramiento legal. Las instituciones responsables de la seguridad de los jóvenes vulnerables deben rendir cuentas por el daño causado por su negligencia.
En Oshan & Associates, nos comprometemos a ayudar a las víctimas de abuso institucional a encontrar justicia y compensación. Nuestro experimentado equipo legal está listo para ayudarlo a transitar el proceso legal y garantizar que su voz sea escuchada.
Para una consulta confidencial, comuníquese con Oshan & Associates al (206) 335-3880.
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